El viernes 24 de abril, un convoy compuesto por 40 autobuses de color azul recorrió los 250 kilómetros que separan Madrid de Burgos. En su parte trasera llevaban un vinilo que decía: "Madrid con Burgos". La estampa resultaba tan poco común como conmovedora. Cuarenta y cinco conductores naturales de Burgos se habían levantado temprano para recogerlos en Sanchinarro, escoltados por la Guardia Civil durante el trayecto de vuelta. A las tres de la tarde, los primeros veinticinco ya se encontraban estacionados en las cocheras de la Carretera de Poza.
La solidaridad ha dado resultado. Y esto, en un país donde la política tiende a enfrentar incluso los gestos más pequeños, merece un reconocimiento sin reservas. Almeida y Ayala, ambos pertenecientes al PP, protagonizaron el acto de entrega. Sin embargo, con anterioridad, ciudades de todo signo político —Santander, Elche, Palma de Mallorca, Segovia— se habían ofrecido para enviar vehículos. El servicio de autobuses de Burgos no se ha interrumpido gracias a esa red de solidaridad entre ciudades que nadie había anticipado, pero que ha respondido con una eficacia que pone en evidencia la lentitud habitual de la administración.
Lo que conocemos sobre el incendio
En la madrugada del martes 22 de abril, un incendio de origen aún no determinado arrasó la nave central de las cocheras municipales situadas en la Carretera de Poza. De los 75 autobuses que conformaban la flota, 39 resultaron calcinados. Un operario que intentó rescatar varios vehículos tuvo que ser hospitalizado por inhalación de humo. Seis líneas de autobús fueron suspendidas de manera inmediata, mientras que las restantes vieron modificadas sus frecuencias y recorridos.
La alcaldesa, Cristina Ayala, cifró las pérdidas en más de 20 millones de euros, lo que equivaldría, según sus palabras, a "la capacidad inversora del Ayuntamiento de Burgos durante un año". Este dato, expresado así en voz alta, resulta devastador. Veintiuno de los 39 autobuses destruidos eran alquilados, circunstancia que reduce el impacto directo sobre el patrimonio municipal, aunque no altera la magnitud del problema operativo. La investigación sobre las causas permanece abierta: la policía científica continúa indagando en el origen del fuego, y un trabajador señaló al motor de uno de los vehículos como posible causa, sin que exista confirmación oficial al respecto.
La pregunta que nadie desea plantearse todavía
Mientras Burgos celebra la llegada de los autobuses madrileños —con razón—, hay una conversación que se está postergando. ¿En qué estado se encontraban las cocheras de la Carretera de Poza? ¿Cuándo se realizó la última revisión integral de las instalaciones? ¿Qué planes existían para su renovación o traslado?
No se trata de una cuestión reciente. El debate en torno a la ubicación de las cocheras ha permanecido sobre la mesa del Ayuntamiento de Burgos durante años, sin que ningún gobierno municipal —ni del Partido Popular ni del PSOE— haya ofrecido una respuesta concluyente. Las cocheras actuales constituyen instalaciones antiguas, situadas en un área que progresivamente se ha integrado en el entramado urbano, y su capacidad para alojar una flota moderna de autobuses ha sido puesta en duda en reiteradas ocasiones.
La interrogante acerca de la responsabilidad no obedece a un oportunismo político, sino a una cuestión de gestión pública. Si las instalaciones evidenciaban deficiencias conocidas, si los planes de renovación se habían pospuesto en repetidas ocasiones, y si el mantenimiento preventivo no era el apropiado, ello acarrea consecuencias. Y tales consecuencias no se desvanecen por el hecho de que la solidaridad de Madrid haya solventado el problema inmediato.
El debate en torno al hidrógeno: ¿solución o espejismo?
Existe otro aspecto en esta historia que merece consideración. Durante los últimos años, el Ayuntamiento de Burgos ha estudiado la posibilidad de incorporar autobuses de hidrógeno a su flota. Esta idea se inscribe en un discurso más amplio sobre movilidad sostenible que ha recorrido numerosos ayuntamientos españoles, impulsado en parte por fondos europeos y en parte por la presión ejercida por fabricantes y consultoras.
El problema radica en que, en la actualidad, los autobuses de hidrógeno resultan considerablemente más costosos que los de gas o los eléctricos, tanto en el precio de adquisición como en los gastos de mantenimiento. La infraestructura de repostaje es limitada y onerosa. Además, la cadena de producción del hidrógeno verde —la única variante con sentido desde un punto de vista ambiental— se encuentra todavía en una fase muy incipiente en España. Dicho en otros términos: apostar por el hidrógeno en este momento, con la urgencia que impone la pérdida de 39 vehículos, constituiría un error de gestión difícil de justificar. Los 40 autobuses de Madrid son de gas. Funcionan. Están operativos.
Lo que se avecina
El Ayuntamiento ha comunicado que convocará un concurso para alquilar nuevos autobuses mientras se define la solución a largo plazo. La cesión de Madrid tiene una duración de seis meses, prorrogables. El sistema de ticketing —las máquinas validadoras también resultaron destruidas por el fuego— está siendo restituido con la colaboración de otros municipios. Segovia ha ofrecido minibuses para aquellos barrios con accesos complicados.
La normalidad retornará, probablemente antes de lo que muchos prevén. Sin embargo, que la normalidad regrese no implica olvidar las interrogantes que este incendio ha planteado. ¿A quién corresponde la responsabilidad por el estado de las cocheras? ¿Qué modelo de gestión de la flota necesita Burgos para las próximas dos décadas? ¿Y quién adoptará esas decisiones con criterio técnico, sin dejarse llevar por tendencias pasajeras ni por la urgencia del momento? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas. Pero son precisamente el tipo de cuestiones que una ciudad como Burgos merece que alguien se formule.