En noviembre de 2024, el Ayuntamiento de Burgos se convirtió en la primera coalición de gobierno entre el PP y Vox en disolverse en España. La causa fue específica, cuantificable y difícil de malinterpretar: 119.000 euros asignados a tres organizaciones que trabajan con personas migrantes —Burgos Acoge, ACCEM y Atalaya—. Vox votó en contra del presupuesto municipal por incluir estas partidas.
El PP, bajo el liderazgo de Cristina Ayala, procedió a expulsar a Vox del gobierno municipal. La narrativa que se difundió posteriormente resultó inequívoca: el PP había establecido un límite infranqueable, el cual consistía en no recortar las subvenciones dirigidas a las entidades que asisten a colectivos en situación de vulnerabilidad, a pesar de formar parte del pacto que permitió su investidura.
Cinco meses más tarde, ese mismo partido suscribe en Extremadura y Aragón, y muy posiblemente en Castilla y León, pactos de gobierno que incorporan la denominada "prioridad nacional". Este principio condiciona el acceso a prestaciones públicas, vivienda protegida y ayudas sociales a requisitos de arraigo, historial de cotizaciones y tiempo de residencia en el territorio. En la práctica, la medida excluye a las personas migrantes en situación administrativa irregular de una parte significativa de la protección social, salvo en supuestos de extrema urgencia vital.
La línea roja que ahora se llama "prioridad nacional"
En consecuencia, el PP ha acordado a nivel autonómico precisamente aquello que rechazó en el ámbito municipal de Burgos. La supuesta línea roja resultó, por tanto, no ser tal. La ruptura en Burgos se planteó en su momento como un acto de coherencia política. Según esta visión, el PP no podía admitir que la ayuda a entidades sociales se condicionara al origen de sus beneficiarios. Se trataba, se argumentó, de una cuestión de principios fundamentales. Cristina Ayala fue categórica al afirmar que las subvenciones a las ONG dedicadas a la población migrante eran innegociables.
La "prioridad nacional" que el Partido Popular ha suscrito en Extremadura y Aragón no constituye una mera abstracción ideológica; representa más bien una medida concreta que restringe el acceso a los recursos públicos para las personas inmigrantes. La distinción respecto a lo que Vox exigía en Burgos es de escala y de denominación, no de naturaleza fundamental.
En Burgos, Vox pretendía condicionar las subvenciones municipales a que las entidades beneficiarias trabajaran exclusivamente con inmigrantes en situación regular. En Extremadura y Aragón, el PP ha aceptado que las prestaciones autonómicas se sometan a criterios de arraigo y de historial de cotizaciones. El PSOE de Castilla y León ya ha manifestado su oposición preventiva a que este principio quede reflejado en el eventual acuerdo de investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Por su parte, la Consejería de Hacienda en funciones ha realizado un llamamiento a la "prudencia", insistiendo en que cada comunidad autónoma enfrenta sus "propias circunstancias". En una traducción libre, esto sugiere que el proceso negociador avanza, aunque no resulta conveniente hacerlo explícito antes de su conclusión formal.
El plazo que apremia: hasta el 7 de mayo para un primer intento
Las Cortes de Castilla y León se constituyeron el pasado 14 de abril. El presidente de la Cámara dispone hasta el 7 de mayo para proponer un candidato a la presidencia de la Junta. Si ningún aspirante obtiene la confianza de la Cámara en una primera y una segunda votación, se abre un plazo de dos meses para presentar nuevas propuestas. De no alcanzarse un acuerdo en ese periodo, se convocarían elecciones autonómicas de manera automática.
Con 33 escaños del PP y 14 de Vox, el cómputo arroja 47 de los 82 procuradores, una mayoría suficiente. Esta aritmética parlamentaria coincide con los casos de Extremadura y Aragón. El modelo de acuerdo parece orientarse en una dirección similar. La cuestión principal ya no es si se producirá un pacto, sino bajo qué condiciones específicas se formalizará.
Vox ha planteado en Castilla y León las mismas demandas que logró en las otras dos comunidades: consejerías con competencias sustantivas —como Desregulación, Agricultura y, potencialmente, Medio Ambiente— junto con la inclusión de la "prioridad nacional" en el documento programático. El PP de Mañueco ha declarado que el acuerdo será "íntegramente público" y que no existirán "pactos ocultos", sin ofrecer detalles sobre su contenido concreto.
La pregunta que todos se hacen: ¿incoherencia o tactismo?
El debate público en torno a la investidura en Castilla y León se ha concentrado en los plazos, la distribución de consejerías y la compatibilidad constitucional del principio de "prioridad nacional". Si bien estas son cuestiones legítimas, apenas se plantea una pregunta más fundamental: ¿qué implica para el PP de Burgos que la formación a la que expulsó del gobierno municipal por una asignación de 119.000 euros a ONGs de inmigrantes esté ahora a punto de entrar en el gobierno autonómico promoviendo una medida que profundiza en esa misma dirección política?
Cristina Ayala gobierna Burgos en minoría desde el pasado noviembre. Simultáneamente, el PP autonómico negocia con Vox en Valladolid. Resulta difícil sostener la coherencia entre ambas posturas. O bien la línea roja establecida en Burgos era genuina —y entonces el partido a nivel autonómico debería explicar por qué decide traspasarla—, o bien se trató de un límite táctico, útil para desvincularse de un socio incómodo en un momento determinado, cuando las elecciones regionales planeaban en el horizonte.
Ninguna de las dos alternativas resulta cómoda. Precisamente, esa es la pregunta que demanda una respuesta y la que los burgaleses debieran hacerse. Incoherencia, evolución o tactismo. ¿Tendrá este pacto el mismo final tras la investidura de Mañueco?